En estas semanas hemos visto a la hora de su distribución por islas, por provincias o por habitantes; como se ha puesto en el escenario político de
Canarias el reparto del ITE o IGTE más conocido como el Impuesto sobre el Tráfico de
Empresas.
Realmente se trata de un impuesto que ya no se recauda de manera directa. Este ha sido asumido por nuestra comunidad a través del I.G.I.C al que
contribuimos todas las islas por su actividad económica, número de habitantes y
por ende, recaudaciones diversas.
A este respecto la Comunidad Autónoma de Canarias paga o pagaba un canon al
Estado. Sin embargo, para el 2016 se dejará de pagar este impuesto tras un acuerdo
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Así quedó reflejado en fuentes de EUROPA PRESS: "EL Minisitro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha acordado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que la Comunidad Autónoma de Canarias no devolverá al Estado el Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) a partir del 1 de enero del año 2016."
Este es el cuento de la lechera sobre el que Cabildos y Gobierno de
Canarias han generado amplios titulares. Digo esto pues, a fecha de hoy ,el
Gobierno de Canarias arrastra una deuda en ese canon de unos 193 millones de
euros. Sin embargo, tras el anuncio del
nuevo acuerdo se pone en la mesa cómo se llevará el reparto de ese arbitrio que
se dejará de pagar al Estado y al que todas las islas quieren agarrar cacho.
Los argumentos son objeto de discusión, sin embargo resulta paradójico que
todos los cabildos, a excepción de Gran Canaria, hayan aceptado la distribución
de esos fondos, procedentes del I.G.I.C sin cuestionar de donde surgen y desde
donde realmente se pretende recaudar. El
titular es claro y recogido en La Provincia 22/04/2012 “El mayor volumen de la
recaudación procede del aumento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),
que supondrá 118 millones de euros más para las arcas públicas".
Mi cuestión radica en saber si, siendo
conscientes desde dónde viene ese ya no existente ITE; asumido por la comunidad
a través del I.G. I. C, tiene sentido esgrimir
por parte del Gobierno de Canarias el criterio de la triple paridad para hacer dicha distribución por islas. En su base, la triple paridad, recogida en nuestro
Estatuto de Autonomía hace referencia a la representación parlamentaria, no a la distribución o a las prioridades sociales sobre las que debe actuar un gobierno
responsable y socialmente comprometido
con cada una de las islas.
La siguiente cuestión
viene en establecer, observando datos del ISTAC , para no salir de las fuentes
estadísticas Canarias, cómo se reparte el desempleo en las islas.
Igualmente, si ésto no fuera suficiente, le sugiero al señor Clavijo que
acuda a los datos que Cáritas Canarias dispone sobre la pobreza en nuestro territorio.
En definitiva, cuando hablamos de necesidades territoriales y de personas no debemos recurrir a la triple paridad como argumento equitativo de la justicia social. La paridad se circunscribe a la base de
la representación parlamentaria a la que en su momento todos sumamos a favor de todas las islas. Sin embargo, en las necesidades sociales por número de habitantes e islas las carencias sociales no reflejan la triple paridad ante los canarios/as.